Señalan sobreprecios en la compra de comida para la cárcel de Oberá

En tiempo de ajuste y limitaciones financieras, para las nuevas autoridades del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) no pasó desapercibido el abultado monto que abona la administración de la Unidad Penal II de Oberá en concepto de carne vacuna y pollo destinados a la alimentación de los internos y del personal de guardia. El Territorio tuvo acceso en exclusiva a una serie de facturas del proveedor que abastece la cárcel y pudo constatar que cobra precios superiores a los que se exhiben en la mayoría de las carnicerías y supermercados locales, lo que a simple vista llama la atención y genera suspicacias.

Al respecto, fuentes del SPP expresaron serios reparos sobre la metodología de licitación, puesto que abonan 112 pesos por kilo de carne vacuna y 76 por kilo de pollo, siendo que otros proveedores estarían en condiciones de ofertar menores precios. Según la facturación de cuatro días, entre el 22 y el 28 de noviembre pasado la UP II compró 952 kilos de carne vacuna por un monto total de 106.624 pesos. En tanto, el 28 del mismo mes recibió 200 kilos de pollo a un costo de 15.200 pesos, según se desprende de la facturación oficial. Observando el monto de compra, el precio de 112 pesos por kilo de carne de vaca correspondería a los cortes más caros del mercado, como por ejemplo nalga, que en las carnicerías locales se comercializa a un promedio de entre 90 y 110 pesos. Es decir, la administración de la cárcel de Oberá abona hasta 22 pesos más que el valor del mercado.

Además, la realidad contradice la supuesta calidad de la mercadería, puesto que son constantes las quejas que expresan internos y familiares sobre la comida del penal. El costo del pollo es aún más llamativo, ya que en cualquier supermercado se consigue pata muslo a 50 pesos el kilo, como máximo, mientras que el ave entera cuesta aún menos. Sin embargo, a la UP II le factura 76 pesos el kilo de pollo. Consultada al respecto, la titular del Servicio Penitenciario Provincial, Nilda Correa, expresó en diálogo con el El Territorio que “es normal que a veces se pague con sobreprecio porque se abona con retraso, a veces con un año de demora. Además, a los proveedores se les paga en Posadas, nadie en Oberá administra estas operaciones”. Sobre la metodología de licitación, Correa explicó que los proveedores hacen un presupuesto que es enviado a la oficina de Cuenta Especial de Trabajo Carcelario, que autoriza la operación. Explicó que siempre se elige el precio menor de las distintas mercaderías, independientemente de que sean de comercios diferentes. “Por suerte ahora tenemos una nutricionista en cada cárcel. En Oberá hay una licenciada que evalúa la comida para cada interno en calidad y cantidad”, subrayó.

Contactos y dudas

Asimismo, desde la fuerza reconocieron que más allá del valor de por sí excesivo, la proveedora de la cárcel sería madre de un efectivo del SPP. Incluso, la mujer no se dedicaría de pleno al rubro, sino que sería propietaria de una distribuidora de gas y tercerizaría la venta de carne al penal de Oberá. Para colmo, tampoco contaría con vehículos refrigerados y trasladaría la mercadería en la misma camioneta con la que reparten las garrafas, mencionaron. En este caso, la máxima autoridad de las cárceles expresó que desconoce si hay familiar. “Al menos que sea familiar de alguien nuevo que ingresó hace poco”, dijo. En tanto, según consta en las facturas, el proveedor inició sus actividades el 1 de abril del año pasado, y su primer y único cliente sería la UP II.

Dichos aspectos están siendo analizados por parte de las nuevas autoridades del SPP, como también el proceso de licitación que derivó en la contratación de un proveedor que tendría familiares en la fuerza, lo que sería incompatible. Vale mencionar que el 6 de octubre pasado fueron relevados y pasados a situación de disponibilidad del alcaide mayor Martín Ariel Acosta y del alcaide principal José Ángel Cáceres, ex director y subdirector de la UP II, respectivamente. Éstos habrían suscripto el contrato con la citada proveedora. La medida surgió tras una denuncia del Tribunal Penal Uno contra los ex directivos que habrían avalado salidas de internos condenados sin la debida autorización judicial, lo que constituye una falta grave del régimen carcelario.

Entre los reos que salieron varias veces sin permiso se encuentra Domingo Jesús Penteado (61), alias “la bestia misionera”, quien en 1984 asesinó a su propia madre y en 1995 violó y mató a una chica de 16 años. Asimismo, desde la Dirección General del SPP se inició un sumario administrativo interno tendiente a deslindar las responsabilidades del caso. El alcaide mayor Walter Javier Flores fue designado director de la cárcel de Oberá.